viernes, 17 de julio de 2009

Notas sobre la Ley de Dependencia

No he podido resistirme. A pesar de la tendencia a estar onnubilado por las calores del verano hay noticias que te sobresaltan y la del diario Información de hoy es para grabarla en nuestra memoria para siempre:
Resulta que nuestro gobierno autonómico ha estado denegando sistemáticamente las peticiones de ayuda económica establecidas con caracter general por la Ley de dependencia. Al mísmo tiempo ha pedido a Papá Estado que le subvencione la parte correspondiente a todas las ayudas posibles, incluso las que no ha concedido. Resulta que el Estado (que no es tonto) solo reconoce las realmente concedidas a efectos de pagar la parte que le corresponde; el montante total resultante es irrisorio, como para ponerse a llorar si se compara lo que va a recibir la Comunidad Valenciana con Andalucía y Cataluña, que sí han hecho los deberes. Y el Conseller de turno, en una reacción que lo descalifica como político y como persona afirma que los del Ministerio de Servicios Sociales son unos "trileros".
En realidad, ahora se están cosechando los resultados de una estrategia global del PP de oposición frontal a la Ley impulsada desde el Estado. Si todo quedara en una pelea entre políticos, podría valer, pero con su actitud el PP, entre otros desmanes, ha roto un principio básico de caracter constitucional: el derecho a la igualdad, expresamente establecido en los artículos 14 y 139.1 de nuestra Constitución, que literalmente dice Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. O sea que un enfermo de Alzheimer, que para sobrevivir necesita la presencia constante de un familiar, tiene derecho o no a percibir una ayuda según el lugar de residencia: si vive en Andalucia, Extremadura o Cataluña se reconocerá su derecho y la percibirá; si vive en la Comunidad Valenciana, en Madrid o en cualquier otra Comunidad gobernada por el PP, sus familiares han tenido que pasar un auténtico "via crucis" para terminar siendo no reconocido por cualquier causa banal, impropia de un estado democrático: le falta una firma, tiene que meterlo en un centro concertado, tiene pasar por aquí y despues por allí y que le certifiquen...
¿Alguien puede imaginar una humillación mayor?

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