¿...Y por qué no un blog...? : JAIME EL BARBUDO, SALTEADOR Y GUERRILLERO... / Gonzalo Martínez Español (3)

La generalización del secuestro y las repetidas irrupciones en los pueblos en 1822.

El Universal de 17 de marzo refiere un cambio en el modo operativo de Jaime Alfonso. Hacía unos meses que le resultaba poco provechoso asaltar a los transeúntes que viajaban por los caminos y había adoptado la práctica genérica del secuestro. Jaime y sus secuaces se situaban acechantes en las inmediaciones de las poblaciones y capturaban a personas de cierto acomodo que salían de paseo o a visitar sus haciendas. El rotativo expresaba: “no los suelta hasta que se le entrega su rescate, que ajusta y regatea cual si vendiese una carga de trigo”. En Orihuela habían caído en las garras del Barbut, José Ros menor, Gregorio Morón, el coronel Francisco Caturla y su hermano Pascual Caturla, un platero, etc. A fines de febrero, el Barbudo se introdujo en la calle Corredera raptando a un hijo del mayordomo del Cabildo y a don José Germán. Por el hijo del munícipe exigía un rescate de 16.000 pesos y 4.000 por José Germán[1].

El jefe político de Valencia, Francisco Plasencia, reiteraba la nueva táctica que había adoptado el bandido crevillentino: “El facineroso Jaime Alfonso y su detestable cuadrilla cometen los excesos más escandalosos y los inauditos atentados de llevarse públicamente de los pueblos inmediatos a la Sierra en que se abrigan, ciudadanos indefensos cuya seguridad debería garantirles la autoridad constituida y la sociedad de que componen parte. Una experiencia tan dolorosa como cierta me ha hecho conocer que la protección y abrigo que encuentra dicha cuadrilla en algunos pueblos, es una de las principales causas que producen los atentados referidos, llegando al extremo de robar impunemente a los indefensos que salen de paseo a corta distancia del recinto…[2]” Decidido a atajar la impunidad de Jaime Alfonso, el 11 de marzo de 1822 Plasencia emitió un conjunto de disposiciones dirigidas a los municipios, que imponían un estricto control sobre el tránsito de forasteros en las poblaciones cercanas a la Sierra de Crevillente. Las normas eran de obligatorio cumplimiento, advirtiendo Plasencia que adoptaría las medidas pertinentes contra los que incumplieran las obligaciones que había decretado:

1.- Todo el que transite llevará el correspondiente pasaporte según está repetidamente mandado. Las justicias lo exigirán a toda hora del día y de la noche al que no sea del pueblo, y muy especialmente al que se presente en aire sospechoso.

2.- Desde el toque de oraciones hasta la una de la noche lo menos, habrá patrullas de milicianos que cuiden de la tranquilidad pública, y harán presentar el pasaporte a todo el que no sea vecino del pueblo.

3.- Los Alcaldes y Regidores alternando rondarán también en dichas horas.

4.- En todas las posadas tendrán obligación los dueños de ellas, de recoger por la noche los pasaportes de los transeúntes, y llevarlos al Alcalde ó Regidor que se nombrará diaria o semanalmente para que los vea y rubrique, no permitiendo quedar a nadie en ellas sin este requisito. El Alcalde o Regidor de turno podrá visitar las posadas siempre que le acomode, y por la primera falta del dueño, le exigirá 100 reales de multa, doscientos por la segunda, dándome parte enseguida.

5.- Siempre que hubiere sospecha de que los bandidos de la Sierra se hallen a las inmediaciones del pueblo, el Alcalde que lo sepa avisará a todos los inmediatos en cuatro leguas de circuito, y todos tendrán obligación de reunir sus milicias y salir a hacer una batida por el término, en el concepto de que el Alcalde que dé el aviso a los demás, dispondrá el orden que ha de observarse y método con que se ha de ejecutar la batida, obedeciéndole los demás en esta parte, dándome aviso en caso de morosidad o resistencia.

6.- Los Alcaldes serán responsables de la menor falta que se cometa en lo dispuesto, así como los Comandantes de la Milicia Nacional Local en reunir con prontitud los milicianos y perseguir los ladrones según se les ordene por la autoridad política.

7.- Tanto el Alcalde del pueblo como el Comandante de la Milicia me dará aviso de cualquiera ocurrencia, así como de los morosos en reunirse cuando se les prevenga[3].

El secretario de Estado comunicó a Plasencia que Fernando VII había aprobado las disposiciones promulgadas por el jefe político, destinadas a contener los funestos resultados que provocaban las acciones del Barbudo. En misiva de 22 de marzo, Plasencia requería al Ayuntamiento de Orihuela a fin de que sus disposiciones se observaran con todo rigor para poder consolidar el sistema constitucional en la región, reiterando que castigaría sin contemplaciones el incumplimiento de las normas[4].

Pasaporte para transitar entre los pueblos

El Ayuntamiento de Elche recibió un oficio del alcalde crevillentino alegando las fundadas sospechas de que la villa de Crevillente iba a ser atacada por una cuadrilla de facinerosos unida a Jaime. El 16 de abril, el Consistorio ilicitano brindó todos los apoyos a su alcance, poniendo dos batallones de milicias locales en alerta. La amenaza no llegó a consumarse remitiendo el Consistorio de Crevillente una nota de agradecimiento a la municipalidad ilicitana[5]. En idéntico día, el jefe superior político de Alicante refería a su homólogo de Murcia la recepción de un oficio de carácter reservado remitido por el juez de 1ª instancia de Novelda. Mediante información obtenida de fuentes fidedignas, el magistrado aseguraba que Jaime Alfonso proyectaba consumar agravios contra el sistema constitucional. El jefe político envió a Novelda a los capitanes Rafael Melgarejo y Ramón Barranquer, con el propósito de recabar información. En el caso de producirse alguna novedad, los capitanes podrían reunir las tropas y milicias locales para repeler cualquier tentativa. El oficio aseveraba que las intenciones de Jaime eran asaltar la zona de Orihuela y pueblos aledaños, poniéndolo en conocimiento de Javier Abadía, jefe político de Murcia para que éste adoptase las disposiciones oportunas[6]. Al siguiente día, Abadía remitió copia al cabildo oriolano para que adoptase las precauciones necesarias y tuviera organizada y prevenida la milicia local[7]. El 19 de abril, el jefe político de Murcia comunicaba al Consistorio oriolano que el Batallón de Cataluña partiría de madrugada hacia Orihuela, salvo un pequeño destacamento que permanecería en la ciudad. Con esta unidad militar podría desbaratarse cualquier tentativa de Jaime. El 20 de abril, el jefe político de Murcia informaba al Cabildo de Callosa que se había extraviado la correspondencia de la Corte entre Cieza y Murcia. A la hora acostumbrada, el conductor de la valija había partido de Cieza desconociéndose su paradero. Se presumía que era obra del Barbudo, ya que se le había divisado con una escuadra de cien hombres de infantería y cuarenta jinetes en el partido de la Raja, entre Jumilla y Abanilla. Además, Abadía había recibido informes de que el día anterior se había presentado en Monteagudo una partida de 24 hombres armados, retirándose ante las maniobras persecutorias de los vecinos. Lo que inducía a pensar que Jaime Alfonso tenía otras pretensiones. Al mismo tiempo, confirmaba que habían partido en dirección a Orihuela dos tercios del batallón de Cataluña[8]

La información del juez noveldense no estuvo desencaminada. El Barbudo y sus secuaces irrumpieron en la villa de Jumilla la tarde del viernes 19 de abril. La crónica manifestaba: El 19 se presentó Jaime Alfonso con 150 facciosos, entre ellos 40 caballos, y después de coger el correo en el puerto de la Losilla, 4 leguas distantes de Murcia, se llevó conductor, postillón, valijas y caballos a la villa de Jumilla, en donde proclamó el rey absoluto, diciendo viva la religión y la abuela Santa Ana, picó la lápida de la Constitución y la fusiló con 50 balazos, y dijo marchaba a Yecla a hacer lo mismo, va reclutando gente que paga a 10 reales diarios[9].”

Entrada en Aspe de la cuadrilla

Los sucesos de Jumilla pusieron en alerta a las fuerzas constitucionales. El jefe político de Murcia emitió un bando general el 21 de abril de 1822, cursado a todos los pueblos de su demarcación. Notificaba que algunas cuadrillas de facciosos estaban salteando los pueblos destrozando las lápidas constitucionales e invocando al rey absoluto. En consecuencia, dictaba una normativa desglosada en 10 apartados, conminando a la disolución de los facciosos y la detención de los delincuentes, tomando como base un decreto emitido por Fernando VII el 26 de abril de 1821[10]. El 22 de abril, Javier Abadía recriminaba al Cabildo oriolano la falta de información sobre los últimos movimientos de Jaime, así como los acuerdos que el Consistorio hubiera sustentado con el comandante de armas de la zona. Abadía solicitaba le comunicasen cuantas noticias poseyeran del Barbudo, planes que abrigaba, rumbo y composición de su fuerza armada[11], etc. El mismo día Abadía recibió un comunicado del Cabildo oriolano, refiriéndole la presencia de una gavilla armada de facciosos a las puertas de Orihuela, comandados por el caudillo Jaime. Abadía respondió que el regimiento de catalanes estaba camino de Orihuela, y no dejaba de sorprenderle que el numeroso vecindario oriolano se intimidara ante la presencia de una cuadrilla de facciosos[12].

En la misma jornada del 22 de abril, el Cabildo oriolano despachó oficios a los pueblos circunvecinos, demandándoles ayuda armada para repeler a los facciosos. El auxilio prestado fue mínimo dadas las carencias económicas de las milicias locales y la necesidad de salvaguardar los propios pueblos. El Consistorio de Benejúzar ordenó formar la milicia local integrada por 23 hombres, aunque solo se presentaron 9 sujetos por estar ausentes los restantes, pero carecían de armamento y municiones. Si el Concejo oriolano podía proporcionarles armas, los voluntarios estaban dispuestos a desplazarse a Orihuela para defender la ciudad[13]. Por su parte, el Ayuntamiento de Bigastro comunicaba que la única partida armada existente en el municipio había marchado a hostigar a unos malhechores avistados en el paraje del saltador. No contaba la villa con otros milicianos, así que no le era posible remitir un refuerzo armado a Orihuela[14]. El Consistorio de Callosa de Segura argumentó que la villa se encontraba en idénticas circunstancias a Orihuela y por ello no le era viable enviar un socorro dejando desguarnecido el municipio. En caso de que los facciosos atacaran Orihuela, los callosinos acudirían con su armamento para auxiliar a la ciudad[15]. El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas respondió días más tarde, expresando que si nuevamente Orihuela precisaba auxilio militar enviaría la fuerza de la milicia local[16].

Tras la incursión del Barbudo en Jumilla, el jefe de la milicia local Jacobo María Espinosa, fue calumniado por el rotativo el Correo Murciano, calificándole de desafecto a la Constitución al no impedir las acciones del faccioso y sus secuaces. Espinosa defendió su honorabilidad certificando su honrada conducta mediante un memorial fechado el 26 de abril, refrendado por los integrantes del Consistorio jumillano y varios vecinos condecorados de la villa. Espinosa describió los acontecimientos, expresando que cuando se hallaba de paseo por las afueras de la villa en compañía de otros vecinos, fue informado del asalto que se perpetraba. Acudió con presteza a las calles de La Feria y Corredera para convocar a los milicianos bajo su mando, no pudiendo reunir a ningún sujeto. Permaneció en la calle blandiendo su sable, aproximándose a él los facinerosos, que se habían adueñado de la Plaza de la Constitución. Se retiró a su domicilio distante 20 pasos de la plaza, y pese a estar solo, tocó generala en la misma puerta de su vivienda atrayendo la atención de los bandoleros. Estos dispararon dos tiros al tambor y mostrando Espinosa su lealtad constitucional, recibió un trabucazo que impactó en el balcón, yendo a refugiarse a la huerta. Allí se reunió con un reducido grupo de seis milicianos, regresando al pueblo, pudiendo realizar un disparo a los salteadores en la rambla celada. La caballería local no pudo salir en persecución de los bandidos al no contar con milicianos disponibles. Tomó cuantas medidas consideró oportunas y pese a no haber descansado en 48 horas, partió a pie con 15 hombres, y con su escopeta al hombro, estuvo recorriendo más de legua y media del término, no pudiendo imputársele la menor tacha de deslealtad constitucional en su conducta política[17].

En las mismas fechas, una nueva incursión de la cuadrilla del Barbudo arrancó la lápida constitucional de Beniel: “Después de profanada la lápida proclamaron al rey absoluto, y resonaron muchos vivas subversivos que inscribieron al pie de aquel monumento de la libertad española. Repicaron, hicieron salvas, depusieron la justicia, pusieron otra, hicieron prisiones, embargaron, y sacaron de la iglesia el estandarte de la FE o sea de Jesús Nazareno: de la comitiva se conocieron a tres ladrones públicos y otros no menos criminales. Esparcieron la voz de que iban a Santomera y luego a Alquerías con el mismo objeto.” Los salteadores prosiguieron con similar procedimiento en Santomera derribando la lápida constitucional, el Ayuntamiento liberal huyó ante la presencia de los absolutistas[18].

Jaime hacía gala de gestos desprendidos que le proporcionaban la inquebrantable adhesión de las clases populares. Adquirió la costumbre de lanzar dinero a los habitantes de las poblaciones donde se introducía e incluso regalaba algunas monedas a las viejas que le salían al paso, entregándoselas en propia mano. Esta fidelidad le permitía ciertos momentos distendidos, como sucedió el 24 de abril en Albatana, municipio albaceteño limítrofe con Jumilla. Jaime y 38 miembros de su banda celebraron una multitudinaria comida en esta población, participando en un baile organizado en honor al bandolero[19].

Tras las incursiones de las huestes del Barbudo se declaró la ley marcial en Orihuela. El edicto militar contemplaba la concesión de indulto a los facinerosos que se presentasen ante la autoridad en un plazo breve. El 28 de abril, Javier Abadía requirió al Concejo oriolano la lista de facciosos que hubieran solicitado la amnistía, el Cabildo contestó que ningún sujeto había acudido para pedir el indulto[20]. El jefe del gobierno político de Alicante, Francisco González Golfín ordenó por misiva de 30 de abril, que los 70 voluntarios que componían la milicia local de Elche estuvieran prevenidos a las órdenes del teniente coronel conde de Casas-Rojas, hallado en Aspe en asechanza de los malhechores. Si fuera precisa la intervención de los milicianos, el alcalde ilicitano debía ocuparse de que la compañía voluntaria recibiera el aprovisionamiento necesario, aprontado haberes del caudal de contribuciones si no existieran otros fondos[21]. El 10 de mayo, el secretario del Ayuntamiento de Alicante publicó una nota signada por el Conde de Casa Rojas el 1 de mayo desde el cantón de Aspe. El Conde refería que la gavilla del bandido Jaime había sido dispersada y por tanto obtenido el objetivo de batirlo. Por tanto, el jefe político dispuso que los 50 milicianos de la ciudad de Alicante comandados por los tenientes Vicente Maluenda y Domingo Moró retornasen a sus hogares. La nota ensalzaba la brillante conducta y entrega de sus integrantes, modelo a seguir por cualquier milicia nacional local. El Ayuntamiento de Alicante acordó expresar públicamente las gracias a la citada milicia[22]. Unos días más tarde, las felicitaciones se hicieron extensivas a la milicia de Elche, González Golfín alababa el ardor empleado por los ilicitanos hostigando a la gavilla de Jaime, dando expresivas gracias al capitán y a sus partidarios. El 20 de mayo, el Ayuntamiento de Elche citó públicamente a la compañía de voluntarios. Formados en la plaza de la villa, les fue leído el oficio del jefe político de Alicante, recibiendo la enhorabuena de la corporación municipal. El capitán en representación de todo el destacamento, solicitó que el dinero destinado al banquete patriótico se invirtiese en completar el armamento y los pertrechos de que carecía la compañía, para así batirse con mayor fuerza contra los enemigos del sistema constitucional[23]. En un decreto de Cortes emitido el 12 de mayo de 1821, entre otros requerimientos establecía que se donara un refresco a los oficiales y tropa que peleaban contra los facciosos. Los integrantes de la compañía ilicitana renunciaron a percibir este agasajo, pretendiendo igualmente que el importe se invirtiera en suministros y armas[24].

Una nueva muestra de héroe comprometido con los pobres la encontramos en el Correo Murciano de 4 de junio, el diario informaba que los 40.000 pesos obtenidos por el rescate del hacendado comerciante Juan March, fueron repartidos por el bandido entre los vecinos de Crevillente (Escudero Gutiérrez, 1982, 79).

[1] HDBNE, El Universal, 17 de marzo de 1822.

[2] AME Cabildos a/147. Acta de 15 de marzo de 1822.

[3] AME, Libro de Cabildos a/147. Acta de 15 de marzo de 1822. Archivo Municipal de Orihuela Legajo D-136 doc. 203.

[4] A(rchivo) M(unicipal) de O(rihuela) Legajo D-2135 doc. 125.

[5] AME Cabildos a/147. Actas de 16 y 28 de abril.

[6] AMO Legajo D-2135 doc. 167/2

[7] AMO Legajo D-2135 doc. 167/1.

[8] AMO Legajo D-2135 doc. 234 1 y 2.

[9] HDBNE, Nuevo Diario de Madrid, 26 de abril de 1822.

[10] AMO Legajo D-2135 doc. 177.

[11] AMO Legajo D-2135 doc. 178.

[12] AMO Legajo D-2135 doc. 181.